M\u00c9XICO \u2013 La organizaci\u00f3n humanitaria Amnist\u00eda Internacional (AI) reclam\u00f3 al estado mexicano este mi\u00e9rcoles 13, en un nuevo informe, la reiterada criminalizaci\u00f3n de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente una vez que ejercen el derecho a la protesta.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia m\u00e1s amplia de desincentivaci\u00f3n y desarticulaci\u00f3n de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente\u201d, dijo al presentar el reporte Erika Guevara Rosas, directora para el hemisferio en AI.<\/p>\n\n\n\n
Para Guevara Rosas \u201ces alarmante ver c\u00f3mo M\u00e9xico se ubica entre los pa\u00edses donde se cometen m\u00e1s asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Entre estas violaciones de derechos mencion\u00f3 a la estigmatizaci\u00f3n, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones.<\/p>\n\n\n\n
El a\u00f1o pasado fueron asesinados en M\u00e9xico un total de 31 defensores del ambiente, y los derechos a la tierra y territoriales, como el tercer pa\u00eds de la regi\u00f3n con m\u00e1s v\u00edctimas mortales por esa causa, una tabla que encabez\u00f3 Colombia con 60 muertes y Brasil con 34, indic\u00f3 la organizaci\u00f3n internacional Global Witness.<\/p>\n\n\n\n
El informe de AI se centra en cuatro casos, el primero de los cuales es el de la Colonia Maya en San Crist\u00f3bal de las Casas, en el sudoriental estado de Chiapas, donde un grupo diverso de personas se uni\u00f3 para protestar en contra de la construcci\u00f3n de un fraccionamiento residencial en una zona protegida.<\/p>\n\n\n\n
Otro caso en Chiapas es el de dos defensores del pueblo tseltal, criminalizados al oponerse a la construcci\u00f3n de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, y m\u00e1s al norte, en Yucat\u00e1n, pobladores de Sitilpech fueron criminalizados al oponerse a los problemas de contaminaci\u00f3n agua y salud que causar\u00eda una granja porcina.<\/p>\n\n\n\n
En Zacatepec, en la zona de Puebla (centro) los inculpados fueron comunicadores y defensores nahuas, quienes protestaron por oponerse a drenaje industrial que contaminar\u00eda el r\u00edo Mettlapanapa.<\/p>\n\n\n\n
Guevara Rosas resalt\u00f3 que \u201cel derecho a la protesta es una v\u00eda fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En su contra \u201cdiversas autoridades estatales han utilizado la v\u00eda penal sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tampoco han considerado los contextos de las protestas, las causas que las originaron, ni el derecho de las personas a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El informe resalta la utilizaci\u00f3n de tipos penales vagos o ambiguos \u201cque no respetan el principio de legalidad\u201d, tales como \u201cmot\u00edn\u201d, \u201cobstrucci\u00f3n de obra p\u00fablica\u201d y \u201cataques a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n observ\u00f3 \u201cla adecuaci\u00f3n, a conveniencia, de los hechos que ocurren durante las protestas a otro tipo de delitos mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones que tergiversan los hechos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El texto sostiene que las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores p\u00fablicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades.<\/p>\n\n\n\n
Las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayor\u00eda a personas que son consideradas l\u00edderes, o las personas m\u00e1s visibles de movimientos de protesta, \u201ca quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pac\u00edficas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los procesos suelen alargarse por diversas causas, y existe una amenaza constante de reactivaci\u00f3n de procesos o de fabricaci\u00f3n de nuevos delitos.<\/p>\n\n\n\n
Esos procesos \u201cintentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas, pues suelen causarles miedo al ver que sus leg\u00edtimas demandas pueden terminar, adem\u00e1s, en estigmatizaci\u00f3n, represi\u00f3n y en amenazas a su vida y seguridad\u201d, dijo Edith Olivares Ferreto, directora de AI en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
AI destac\u00f3 que \u201cel uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de inter\u00e9s de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El informe de AI solicita en primer lugar que las autoridades reconozcan \u201cla valiosa labor de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente\u201d, se abstengan de estigmatizarlas, y que garanticen su participaci\u00f3n en los asuntos que afectan a sus comunidades.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n recomienda que el Estado cese de inmediato la criminalizaci\u00f3n de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
A-E\/HM<\/em><\/p>\n\n\n\n