Saludo en indignación y acción · Septiembre de 2026
Desde Fronteras Comunes y la Colectiva México Tóxico, enviamos un saludo solidario a las comunidades afectadas por la explosión de Tekchem, ocurrida el 12 de septiembre de 2000 en Salamanca, Guanajuato así como todo nuestro reconocimiento especialmente a la perseverancia de las organizaciones y activistas como lo ha sido DAME y ahora la organización HUAMAT, El Hermano de Asís y especialmente para la Maestra Maura Alicia Vazquez Figueroa, quienes han sostenido durante más de un cuarto de siglo la exigencia de protección de la salud, la remediación integral del sitio y la búsqueda incansable de la justicia ambiental.
A 26 años del accidente, la memoria sigue siendo una forma de defensa. Aquella tarde se produjo una nube tóxica que, de acuerdo con los testimonios y documentos reunidos durante años, alcanzó diversas zonas de Salamanca y se desplazó hacia el Valle de Santiago e Irapuato. Las versiones sobre las sustancias liberadas, la cantidad emitida, el número de personas expuestas y los daños fueron contradictorios, así como la actuación de las autoridades federales y estatales involucradas, pero lo que sí se sabe, es que las emisiones al aire, agua y suelo de plaguicidas de sustancias y materiales tóxicos, aún continúa.
La inacción gubernamental y las acciones de maquillaje verde, así como la falta de información clara, ha profundizado el daño y la incertidumbre de la población poniendo en evidencia las graves e inadmisibles deficiencias del Estado en materia de prevención, pero sobre todo en la falta de atención integral, transparente y pública de la emergencia.
Todo esto ha sido denunciado año con año por nuestras organizaciones y por la Doctora Toxicóloga Lilia Albert, quien recibe también hoy un merecido reconocimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia para Tekchem.
El caso Tekchem no comenzó ni terminó con la explosión. Durante décadas, el predio ha acumulado residuos producto de la fabricación de plaguicidas. Auditorías, denuncias ciudadanas y documentos públicos han señalado la presencia de plaguicidas organoclorados y organofosforados, metales pesados y otros contaminantes peligrosos. También hemos documentado junto con la Dra. Albert, los incumplimientos, retrasos y acciones de remediación que las comunidades consideran insuficientes y poco transparentes.
Asimismo, se ha solicitado la realización de estudios epidemiológicos, muestreos de suelo recientes y públicos para las personas y comunidades cercanas, monitoreo atmosférico continuo y mecanismos de información pública que permitan conocer los avances, criterios técnicos y resultados de cada etapa de saneamiento, sin que todavía, a 26 años, se logren las demandas sociales las cuales se fundan en un principio elemental: ninguna comunidad debe cargar con las consecuencias de una emergencia química ni con los pasivos ambientales de una actividad industrial y mucho menos durante 26 años, por lo que es preciso recordar el principio de derechos humanos señalado por el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas quíen señala que, es el ESTADO, el que tiene la obligación de prevenir la exposición a sustancias tóxicas. De igual manera, nuestro artículo 4º constitucional reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, a la defensa de los derechos humanos y a un medio ambiente sano.
Esos derechos exigen prevención, transparencia, participación social y reparación efectiva, no únicamente declaraciones o intervenciones parciales. Aquí no aplicó, como casi siempre, el principio ambiental, el que contamina paga, porque aquí solo ha pagado el pueblo de Salamanca.
La justicia ambiental requiere que toda intervención en el sitio se conduzca bajo criterios precautorios, con vigilancia independiente y con la participación sustantiva de las comunidades afectadas. La remediación debe atender de manera integral el suelo, el subsuelo, el agua y las posibles rutas de dispersión de contaminantes.
Con este comunicado llamamos urgentemente a recuperar también la dimensión humana y social del caso. Las molestias y padecimientos reportados después del accidente, así como la exposición histórica continuada y no consentida a tóxicos de quienes habitan o trabajan cerca del predio durante 26 años, exige una estrategia de vigilancia sanitaria con enfoque preventivo, que respete la dignidad de las personas.
Por ello, a 26 años de la explosión de Tekchem, seguimos exigiendo políticas transparentes, de responsabilidades y garantía de no repetición mediante mejores planes de prevención y respuesta a emergencias químicas, además de la atención a las comunidades afectadas.
Continuar con la búsqueda de la justicia es defender la vida y sostener una exigencia legítima: que el desarrollo industrial nunca vuelva a colocarse por encima de la salud, los derechos humanos, la regulación ambiental y la información y participación pública. La prevención debe guiar la política ambiental, y quien contamina debe asumir plenamente los costos de reparación del daño.
A las comunidades de Salamanca y a quienes hemos acompañado en esta lucha, Fronteras Comunes y la Colectiva México Tóxico extendemos nuestro reconocimiento y abrazo solidario. Su memoria, organización y perseverancia mantienen viva la demanda de justicia ambiental.
Por un futuro sin tóxicos y por la viva memoria de la incansable luchadora Dra. Lilia América Albert Palacios, quien no solo documentó las emergencias tóxicas en México, sino que acompañó y asesoró a las víctimas de la contaminación así como a muchos movimientos sociales.
Fronteras Comunes y Colectiva México Tóxico.
